La desaparición de cuatro niños de Las Malvinas el pasado 8 de diciembre ha movilizado a miles de personas en Guayaquil, quienes exigen respuestas y justicia. Ismael, Josué, Saúl y Steven, menores detenidos sin justificación aparente por militares, continúan en paradero desconocido, lo que ha generado una ola de indignación y dolor en la ciudadanía.
El Ministro de Defensa rompió un silencio de 14 días calificando el caso como una «desaparición», pero las autoridades militares niegan toda responsabilidad, alimentando la desconfianza y el enojo social. Entre gritos de «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!» y «¡Ustedes son culpables!», las calles de la ciudad se han convertido en un escenario de resistencia.
El hallazgo reciente de cuerpos calcinados cerca de la Base de Taura ha profundizado el drama. Aunque aún no se confirma si pertenecen a los niños desaparecidos, las autoridades han iniciado investigaciones para esclarecer este macabro descubrimiento. Las familias, desesperadas, acudieron a la morgue, pero el estado de los restos impidió una identificación inmediata. Se llevarán a cabo análisis antropológicos y, de ser necesario, pruebas de ADN, cuyos resultados definitivos podrían demorar hasta 30 días.
La comunidad internacional no ha permanecido indiferente. La ONU emitió un llamado urgente al Estado ecuatoriano para implementar una estrategia integral de búsqueda y proteger a las familias de los menores desaparecidos. Por su parte, la Asamblea Nacional expresó su respaldo a la lucha por los derechos humanos, recordando el legado de Pedro Restrepo y reafirmando su compromiso con la verdad y la justicia.
Mientras Guayaquil sigue en vigilia, el país entero aguarda respuestas. Las familias exigen celeridad en los procesos y un compromiso firme de las autoridades para resolver este caso que refleja las graves violaciones de derechos humanos en Ecuador.