Durante las paralizaciones de diciembre de 2024, la provincia de Napo vivió intensas jornadas de resistencia contra la construcción de una cárcel de máxima seguridad en el cantón Archidona. Entre las barricadas y las manifestaciones, la noche del 14 de diciembre se vio marcada por un trágico accidente en el sector de Costa Azul, donde un camión arrolló premeditadamente a dos manifestantes de la nacionalidad Waorani.
El Accidente: Un Ataque a la Resistencia
Las víctimas, oriundas del territorio Waorani de las comunidades Konipare y Tepapare que abarca los límites entre las provincias de Napo y Pastaza, fueron identificadas como Moipa Nenquimo, un joven comprometido con la causa, y Danny I., un menor de edad que acompañaba las protestas. El camión, según testigos, atravesó las barricadas a gran velocidad, impactando a los manifestantes que intentaban detener su paso.
Moipa Nenquimo sufrió fracturas en los dedos de su pie derecho, mientras que Danny I. presentó una luxación en el hombro debido al golpe. Ambos fueron trasladados de inmediato a la ciudad de Tena, donde recibieron atención médica. Sin embargo, la situación económica de las familias afectadas dificulta cubrir los gastos médicos, lo que añade una carga más al impacto físico y emocional que este evento dejó en ellos.
Un Llamado a la Justicia
El caso, que ha generado indignación en las comunidades indígenas y otros sectores sociales, sigue su curso en los tribunales. Nenquimo presentó una denuncia formal contra el conductor del camión y espera que las autoridades actúen con celeridad.
El pasado lunes 13 de enero, Moipa acudió a la Corte de Justicia de Napo para someterse a una pericia médica que certificara la magnitud de sus lesiones. Dos días después, el miércoles 15, participó en la reconstrucción de los hechos en el lugar del accidente. Ambos procedimientos son pasos clave en el proceso judicial que busca identificar y responsabilizar al conductor del vehículo.
El Contexto de las Protestas
Este accidente ocurre en medio de un contexto tenso, donde las comunidades indígenas y campesinas de Napo expresaron un firme rechazo a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Archidona. Las manifestaciones, que incluyeron bloqueos viales y concentraciones masivas, buscaron presionar al Gobierno Nacional para reconsiderar el proyecto, argumentando los impactos negativos que tendría en el tejido social y ambiental de la provincia.
Reflexión y Exigencias
Los afectados han recibido apoyo moral y logístico de fundaciones y de su comunidad, pero Moipa Nenquimo insiste en la urgencia de acciones más concretas por parte de las autoridades.
Mientras la comunidad Waorani espera justicia, este caso refleja las múltiples aristas de las luchas sociales en Ecuador: el reclamo por derechos fundamentales, la vulnerabilidad de las comunidades y la necesidad de un sistema judicial que responda con eficiencia y equidad.