El gobierno de Daniel Noboa ha decidido imponer un arancel del 27% a todas las importaciones provenientes de México, una medida que pretende «proteger la industria nacional» y equilibrar la balanza comercial. Sin embargo, esta decisión llega en un contexto de deterioro en las relaciones diplomáticas entre ambos países y podría traer consecuencias adversas para los consumidores y productores ecuatorianos.
Este arancel, que afecta productos como medicamentos, automóviles y electrodomésticos, se presenta como una respuesta a la falta de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con México. Pero más allá de la justificación oficial, la medida parece un intento desesperado por mostrar firmeza en política comercial tras meses de conflictos internacionales y una economía en crisis.
Además, el mensaje que envía Ecuador es preocupante: en lugar de fortalecer alianzas estratégicas, opta por cerrar puertas y encarecer productos esenciales para su población. La posibilidad de represalias por parte de México también es un riesgo latente, lo que podría afectar las exportaciones ecuatorianas y generar mayor incertidumbre económica.
¿Es esta realmente una estrategia inteligente o solo un acto de improvisación con tintes populistas? Mientras el gobierno celebra la «defensa de la producción nacional», los ciudadanos pronto sentirán el impacto en su bolsillo.