Una vez más, la Fiscalía General del Estado cierra un caso de presunta corrupción que involucra a exfuncionarios de alto nivel. Esta vez, la fiscal general Diana Salazar solicitó el archivo de la investigación por presunto peculado en contra de la exministra del Interior, María Paula Romo, y su esposo, el exsecretario anticorrupción de la Presidencia, Iván Granda. Con este cierre, se extingue una causa que había despertado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para vuelos oficiales durante el gobierno de Lenín Moreno.
Según el pronunciamiento del Ministerio Público, no existirían elementos jurídicos suficientes para configurar el delito, ya que, de acuerdo a su interpretación, los viajes fueron realizados con documentación de respaldo, siguiendo protocolos establecidos y con autorización del Servicio Aeropolicial. Sin embargo, para varios sectores ciudadanos y analistas, el argumento deja dudas razonables sobre la firmeza con la que la justicia actúa frente a figuras políticas con influencia.
El caso tenía como sustento un examen especial de la Contraloría sobre el uso de aeronaves de la Policía Nacional, en el que se señalaban irregularidades. No obstante, pese a este antecedente, el Ministerio Público concluyó que no hubo mal uso de fondos públicos, ni siquiera la posibilidad de una infracción administrativa con consecuencias penales. Esta resolución reabre el debate sobre los estándares de investigación cuando se trata de exfuncionarios cercanos al poder.
El archivo de la causa no solo plantea interrogantes sobre la transparencia institucional, sino que también debilita la confianza pública en el sistema judicial, en un país donde cientos de casos de corrupción siguen sin resolverse o terminan en impunidad. En contraste con la dureza de ciertos procesos contra ciudadanos sin poder político, la justicia ecuatoriana parece mostrar una preocupante selectividad.