
Una nueva polémica sacude a Ecuador tras la aparición pública del nuevo Comandante General de la Policía ondeando una bandera nacional modificada, en la que el tradicional azul fue reemplazado por un llamativo color morado. El gesto ha generado una ola de críticas ciudadanas en redes sociales, donde muchos acusan a la cúpula policial de estar alineando a la institución con intereses partidistas, en lugar de defender la identidad y los valores nacionales.
Analistas, periodistas y usuarios en plataformas como X (antes Twitter) interpretan el morado como un guiño directo al partido de gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN). Esta supuesta asociación política ha encendido alarmas sobre la independencia y neutralidad de las fuerzas del orden, pilares esenciales en una democracia funcional.
Para muchos, el reemplazo del azul —símbolo del cielo y el mar ecuatorianos— representa más que un error estético: es una afrenta al sentido de nación. Figuras públicas como Pablo Salgado y Mauro Andino cuestionan si la Policía sigue siendo una fuerza al servicio del país o se ha convertido en una extensión de intereses políticos. También señalan la doble vara moral con la que se juzgan estos hechos, recordando la polémica por la alteración del himno nacional por parte de la periodista cubana Alondra Santiago, la cual recibió una condena social mucho más severa.
La ciudadanía ha reaccionado con indignación y preocupación. Opiniones como las de Daniel Salcán y Vanessa Lamar reflejan el creciente malestar: denuncian un deterioro institucional, en el que los símbolos patrios ya no representan al pueblo, sino a facciones políticas. La pregunta ahora es si los uniformes policiales también cambiarán de color, reforzando aún más esa imagen de una Policía desdibujada de su rol constitucional.
Lo más grave es el silencio institucional. Ni el Ministerio de Gobierno ni la Policía Nacional han ofrecido explicación alguna. ¿Quién autorizó el cambio? ¿Viola esto los protocolos oficiales? ¿Dónde queda el respeto a los símbolos nacionales?
La controversia no es menor. En un país marcado por la desconfianza hacia las instituciones, este episodio representa una señal de alerta. La ciudadanía exige respuestas claras, la restitución inmediata de los símbolos tradicionales, y un compromiso firme de las autoridades con la neutralidad institucional y la defensa de la soberanía nacional.