La delincuencia en Quito ha cruzado la puerta de entrada de los edificios. Lo que antes era un modelo turístico de renta temporal, hoy se ha convertido en una amenaza dentro de zonas residenciales, donde los departamentos se alquilan por horas o días sin ningún tipo de filtro ni control. Propietarios y dirigentes barriales alertan sobre la creciente inseguridad que generan estos arriendos informales, promovidos en redes sociales y plataformas digitales, muchas veces sin solicitar cédula, referencias o antecedentes. “Ya no se sienten seguros ni dentro de su propia casa. Los delincuentes ahora viven al lado”, advierte Paola Burbano, presidenta de un comité vecinal en La Carolina.
La Policía ha identificado casos de estafas, robos e incluso homicidios vinculados a inquilinos temporales. Las investigaciones revelan nexos con bandas criminales que usan estos espacios como escondites o centros de operaciones.
El problema radica en que muchos de estos edificios no fueron diseñados para este tipo de uso, y carecen de seguridad reforzada o protocolos adecuados. Mientras tanto, los comités ciudadanos exigen al Concejo Metropolitano ordenanzas urgentes que regulen estas prácticas, incluyendo el derecho de los copropietarios a restringirlas.
El abogado Marcos Ortiz señala que, sin regulación, estos arriendos pueden facilitar delitos graves como trata de personas, prostitución y hasta pornografía infantil. Lo más grave: algunos propietarios, aun con conocimiento de estos hechos, no denuncian.Se ha planteado reformar el uso de suelo para limitar estas rentas en áreas residenciales, aunque expertos advierten que una prohibición total podría fomentar un mercado negro.
En medio de este panorama, los ciudadanos exigen respuestas. Porque hoy, la amenaza ya no viene del exterior: se instala con una llave entregada por mensaje de texto.