En el contexto de las elecciones nacionales de febrero y abril de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) concretó la compra de tres vehículos tipo SUV destinados a reforzar la seguridad de su presidenta, Diana Atamaint, quien habría sido clasificada con un perfil de “alto riesgo”.
La adquisición se realizó mediante la modalidad de subasta inversa electrónica, tras un informe de seguridad emitido el 4 de febrero de 2025, que justificó la urgencia de contar con nuevos automotores para garantizar la integridad de la titular del organismo electoral.
El contrato fue adjudicado a una concesionaria de Quito para la compra de tres vehículos KIA Sportage AC 2.0, de cinco puertas, con un valor total de $99.412, tras una rebaja de $8.645 sobre el presupuesto inicial estimado de $108.057, sin incluir IVA.
El informe técnico señaló que el parque automotor actual del CNE no cubre adecuadamente las necesidades de traslado de la presidenta y su equipo de seguridad. Los vehículos asignados a Atamaint hasta el momento, de marca Suzuki y fabricados en 2009, han llegado al fin de su vida útil, presentando condiciones regulares que comprometerían su seguridad y eficiencia operativa, especialmente en sus recorridos dentro de Pichincha y hacia otras delegaciones provinciales.
La urgencia de la adquisición se respaldó también en una denuncia presentada por Atamaint el 5 de febrero ante la Fiscalía General del Estado, por presuntas amenazas de muerte contra ella y su familia. Esta situación incrementó el nivel de alerta y motivó la rápida ejecución del proceso de compra.
Desde 2019, el CNE habría solicitado sin éxito la dotación de vehículos a más de 60 entidades del sector público, lo que agravó la necesidad de renovar su flota. Además, entre 2023 y 2024, el mantenimiento de los vehículos asignados a la presidenta generó un gasto aproximado de $23.800, lo que llevó a una evaluación de costo-beneficio favorable a la adquisición.
El organismo argumentó que con esta inversión se busca optimizar recursos, reducir riesgos y garantizar el cumplimiento eficiente de las funciones institucionales de su máxima autoridad.
Fuente: El Universo