La jueza Daniella Camacho determinó que no existen elementos para imputar al expresidente Guillermo Lasso por el caso Flopec, origen del juicio político que provocó su salida anticipada del poder.
La Corte Nacional de Justicia de Ecuador cerró definitivamente el caso Flopec, una de las mayores controversias políticas del país en los últimos años y causa directa de la aplicación de la «muerte cruzada» por parte del expresidente Guillermo Lasso. La jueza Daniella Camacho acogió el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y archivó la denuncia por presunto peculado que en 2023 presentó la asambleísta correísta Mireya Pazmiño.
Camacho concluyó que no existen pruebas que sustenten una imputación penal contra Lasso ni contra los otros seis implicados, entre ellos su cuñado Danilo Carrera y Hernán Luque Lecaro, exfuncionarios vinculados a supuestas redes de corrupción en contratos de la estatal Flopec con la empresa Amazonas Tanker.
Según la resolución, las acciones de los acusados se enmarcaron dentro de sus atribuciones legales, sin evidencias de apropiación indebida de recursos públicos ni perjuicio comprobable al Estado. Además, las acusaciones por delincuencia organizada ya están siendo tratadas en otro proceso judicial, lo que llevó también a su archivo. El contrato en cuestión fue firmado durante el gobierno de Lenín Moreno, y Lasso aseguró que, lejos de encubrirlo, fue él quien lo denunció ante la Fiscalía. Esta causa fue el principal fundamento del juicio político impulsado por la Asamblea Nacional, el cual fue interrumpido cuando Lasso disolvió el Legislativo, invocando el recurso constitucional de la muerte cruzada, que acortó su mandato y llevó a elecciones anticipadas.
Tras conocerse la decisión judicial, el exmandatario compartió en redes sociales parte de su intervención ante la Asamblea en 2023, afirmando que “el tiempo pone las cosas en su lugar”. Su abogado, Pablo Encalada, también reaccionó: “La justicia nos da la razón, es inocente. El juicio político fue una infamia”.