La violencia en Ecuador continúa desbordada. Entre enero y marzo de 2025 se registraron 2 361 homicidios intencionales, una cifra que marca un nuevo récord y representa un alarmante incremento del 65 % respecto al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 1 428 casos.
La tendencia ascendente ha sido sostenida desde 2022, pero el salto de este año evidencia una profunda crisis de seguridad que, según expertos, refleja el fracaso de las estrategias del actual gobierno para contener el avance del crimen organizado y recuperar el control territorial. Pese al despliegue militar, los estados de excepción y las declaraciones de «conflicto armado interno», los resultados siguen siendo desalentadores.
A esto se suma la falta de acciones estructurales y de prevención social, así como una preocupante desinstitucionalización de la Policía y el sistema de justicia. Mientras tanto, las bandas criminales operan con creciente impunidad en ciudades costeras, rurales y hasta en las cárceles.
El país se encuentra en una encrucijada: o se replantea radicalmente la política de seguridad, o se corre el riesgo de normalizar el terror como parte de la vida cotidiana en Ecuador.