La decisión de la Fiscalía General del Estado de solicitar el archivo del caso por presunto peculado que involucra al expresidente Guillermo Lasso, su cuñado Danilo Carrera, Hernán Luque y otros exfuncionarios, ha generado críticas y sospechas sobre la independencia del sistema judicial ecuatoriano. La petición fue conocida por la jueza Daniella Camacho el 21 de abril de 2025, quien de inmediato otorgó un plazo de tres días para que las partes procesales se pronuncien. La celeridad del trámite ha levantado dudas entre actores políticos y juristas.
La investigación, iniciada a raíz de las denuncias realizadas en el juicio político contra Lasso en 2023, gira en torno a contratos presuntamente lesivos entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio internacional Amazonas Tanker Pool, con sede en un paraíso fiscal. Un informe de la Contraloría General del Estado emitido en 2021 concluyó que el Estado sufrió un perjuicio de al menos 6,1 millones de dólares por el arrendamiento de buques a precios desfavorables.
Para los denunciantes, incluido el abogado Washington Andrade, defensor de la exasambleísta Mireya Pazmiño —quien impulsó el caso desde la Asamblea Nacional—, la decisión de la jueza de tramitar en tiempo récord la solicitud fiscal es indicio de un posible intento por beneficiar al expresidente y su entorno. “Nos ha sorprendido que la jueza despache en tiempo récord, el mismo día. Esto normalmente toma semanas o incluso meses”, señaló Andrade, anticipando que presentarán una oposición formal al archivo del proceso.
Más allá del debate técnico-legal, el caso pone nuevamente sobre la mesa las tensiones entre las instituciones del Estado y las dudas persistentes sobre la lucha contra la corrupción en las altas esferas del poder. La Fiscalía sostiene que no encontró elementos suficientes para sostener una acusación por peculado. Sin embargo, las organizaciones denunciantes señalan que existen múltiples indicios de irregularidades, como la remoción de altos funcionarios que intentaron frenar los contratos, o la designación de personas cercanas al círculo presidencial en cargos clave.
Cabe recordar que el caso Flopec fue el único cargo admitido por la Corte Constitucional en el juicio político contra Lasso, lo que le obligó a comparecer ante la Asamblea en mayo de 2023. Poco después, el entonces presidente disolvió el Legislativo mediante la “muerte cruzada”, decisión que paralizó el proceso y generó un clima de mayor confrontación institucional.
Mientras el país espera la resolución de la jueza Camacho, el destino de una de las investigaciones más simbólicas de la era post-Lasso parece pender de un hilo. Si se archiva el caso, la Fiscalía habrá cerrado una causa con importantes implicaciones políticas y económicas, sin llegar a juicio. Para los críticos, esto no solo representa un retroceso en la lucha contra la corrupción, sino también un precedente peligroso para futuros procesos donde el poder político y económico pueda influir sobre la justicia.
Fuente: Primicias