Este lunes 16 de junio de 2025, el Gobierno de Ecuador anunció tres medidas clave que impactarán directamente en la vida de los ciudadanos y en el sector empresarial. Carolina Jaramillo, portavoz oficial de Carondelet, fue la encargada de detallar estas acciones durante una rueda de prensa.
- 1. Energía garantizada a nivel nacional
Ecuador no sufrirá apagones, afirmó con contundencia Jaramillo. Según la vocera del Ejecutivo, el servicio eléctrico está asegurado a corto, mediano y largo plazo gracias a un conjunto de acciones estratégicas para modernizar el Sistema Nacional de Transmisión.
Entre las medidas destacadas están:
- La recuperación de 696.7 megavatios (MW) de capacidad energética.
- El rescate de 204 MW adicionales.
- El alquiler de 300 MW más para reforzar el suministro.
Además, se anunció la incorporación de 979.5 MW al sistema en 2025, 403 MW en 2026 y 600 MW en 2027. También se destacó la ejecución del proyecto hidroeléctrico Cardenillo, impulsado con inversión privada, y 67 proyectos más que aportarán 1 400 MW de energías renovables.
Estamos planificando con visión de futuro. Ecuador tiene energía asegurada a mediano y largo plazo
afirmó Jaramillo
- 2. Control a utilidades por venta de acciones
El Gobierno reveló que iniciará un control masivo a las utilidades generadas por la compra y venta de acciones empresariales. Esta fiscalización será ejecutada por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Según la vocera, se ha detectado un universo de hasta 6 000 contribuyentes que no han cumplido con sus obligaciones tributarias. Hasta ahora, solo unos 300 han realizado declaraciones voluntarias, generando cerca de USD 30 millones anuales.
Por primera vez se fiscaliza el Impuesto a la Renta Único (IRU). Vamos tras quienes ocultan el verdadero valor de sus acciones
aseguró
- 3. Nuevo sistema anticorrupción en instituciones públicas
La tercera medida anunciada fue la creación de los Responsables Institucionales de Cumplimiento (RIC), figuras que estarán a cargo de prevenir actos de corrupción dentro de las instituciones estatales.
Este mecanismo ya se implementa desde el 2 de junio en 35 entidades priorizadas, bajo la coordinación de la Secretaría de Integridad Pública, como parte de la Política Nacional de Integridad Pública (PNIP).
El objetivo es claro: promover la transparencia, detectar riesgos de corrupción en los procesos administrativos y fortalecer la cultura de integridad en el sector público.
Fuente: Teleamazonas