La fractura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) provocada por un deslizamiento de tierra la madrugada del 13 de marzo ha generado una crisis ambiental sin precedentes en Esmeraldas. El derrame de crudo se extendió rápidamente por el río Esmeraldas, contaminando la principal fuente de agua potable de miles de personas y afectando gravemente a comunidades afrodescendientes.
IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL
Petroecuador, empresa estatal responsable del oleoducto, confirmó la suspensión del bombeo de 360.000 barriles diarios, sin embargo, el impacto del desastre trasciende lo económico. Al menos 800 familias, en su mayoría afroecuatorianas, enfrentan una severa escasez de agua potable tras la decisión del alcalde Vilko Villacís de suspender el suministro desde el río contaminado. Según denuncias de los habitantes, el crudo ha manchado cultivos, pozos y hasta recipientes utilizados para recolectar agua de lluvia.
El daño ecológico es devastador. Expertos advierten que los hidrocarburos afectarán la biodiversidad acuática, envenenarán microorganismos esenciales y contaminarán los suelos durante décadas. Además, pescadores locales ven comprometida su fuente de sustento, agravando la crisis económica en la región.
RESPUESTA GUBERNAMENTAL Y CRÍTICAS
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) ha desplegado camiones cisterna para distribuir agua potable, mientras Petroecuador implementa protocolos de mitigación. Sin embargo, organizaciones como la Alianza de Derechos Humanos de Esmeraldas critican la respuesta gubernamental por ser lenta e ineficaz. La desconfianza crece debido a antecedentes como los tres derrames ocurridos en 2020, cuyas promesas de reparación quedaron incumplidas.
DEBATE SOBRE EL MODELO EXTRACTIVISTA
Este desastre ha reavivado el debate sobre la dependencia de Ecuador en los hidrocarburos. Como cuarto productor de petróleo en Latinoamérica, el país enfrenta un conflicto entre el extractivismo y los derechos de la naturaleza, reconocidos en su Constitución desde 2008. Para las comunidades afrodescendientes afectadas, la crisis no solo representa una emergencia ambiental, sino también una muestra del abandono histórico y la falta de justicia ambiental en Ecuador.