
Esta fue una de las revelaciones clave durante la instalación del juicio por el presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, en el que están procesados el exvicepresidente Jorge Glas y el exsecretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal.
El proceso judicial inició este martes en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. La Fiscalía sostiene que los acusados direccionaron fondos de la Ley de Solidaridad a proyectos no urgentes ni vinculados con la emergencia, como la vía Manta-Colisa o una facilidad pesquera en Cojimíes, causando un perjuicio al Estado de más de USD 225 millones.
El fiscal subrogante Wilson Toainga afirmó que Glas y Bernal
Abusaron de los recursos que los ecuatorianos aportaron con solidaridad
Durante el juicio, se presentarán pruebas para sustentar que los contratos priorizados no respondían a las verdaderas necesidades de reconstrucción de la provincia.
Entre los primeros testigos estuvo Byron Pacheco, del CPCCS Transitorio, quien expuso que se firmaron contratos por USD 165 millones con la empresa Concrenor, relacionada con la familia de Bernal. También compareció el exalcalde de Pedernales, Néstor Alcívar, quien criticó que se desatendieran proyectos urgentes como agua potable o escuelas, mientras estudiantes aún reciben clases en aulas temporales.
La defensa de Glas calificó el proceso como “una patraña” y aseguró que ni él ni Bernal tuvieron capacidad legal para firmar contratos ni priorizar obras. El abogado de Bernal solicitó la nulidad del caso, alegando falta de informe de la Contraloría en la fase inicial de investigación.
Pese a que un informe pericial reveló que Jorge Glas sufre depresión severa y riesgo suicida, el examen concluyó que está en condiciones mentales para ser juzgado. Por eso, la jueza Mercedes Caicedo negó suspender la audiencia, que continuará en las próximas horas con más testigos.
La presencia de Glas generó un fuerte operativo policial en los exteriores del edificio judicial, mientras la opinión pública sigue atenta a un caso que vuelve a poner sobre la mesa el manejo de recursos tras una de las tragedias más dolorosas del país.
Fuente: Primicias