Ocho horas duró la nueva reconstrucción de hechos del caso Las Malvinas, pero la indignación crece: el gobierno de Daniel Noboa parece más preocupado por el espectáculo de operativos que por garantizar justicia real a las familias de los cuatro menores brutalmente asesinados. Mientras el convoy de 15 vehículos recorría la ruta de Guayaquil a Taura en una nueva diligencia, solo cuatro de los 16 militares procesados participaron en la reconstrucción. Un hecho que evidencia la falta de transparencia y la tibieza en el tratamiento de uno de los crímenes más atroces cometidos bajo vigilancia militar en los últimos años.
El teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Juan Francisco I., quien —según versiones de los propios implicados— conocía de la detención ilegal de los menores y lideró un operativo irregular días después, continúa en libertad, limitado apenas por medidas cautelares que no se condicen con la gravedad de su presunta participación. Durante la reconstrucción, la actuación oficial volvió a exhibir irregularidades, como la entrega de ropa presuntamente perteneciente a las víctimas sin cadena de custodia y la fallida búsqueda de pruebas balísticas, desistida sin mayor explicación.
Más preocupante aún es la narrativa que intenta desviar la atención: la Fiscalía sostiene una investigación paralela, basada en la versión de un testigo que involucra a un grupo criminal, «Los Águilas», en la muerte de los menores. Sin embargo, alias Momo, señalado como responsable intelectual del crimen, fue apenas procesado por tenencia de armas, mientras los indicios de su participación en los asesinatos siguen estancados en una indagación previa y reservada.
¿Dónde está el compromiso del gobierno con la verdad? ¿Hasta cuándo se tolerarán versiones confusas, operativos incompletos y una estructura de impunidad que se sostiene entre las Fuerzas Armadas y los operadores de justicia? Mientras los familiares de Josué, Ismael, Nehemías y Steven siguen esperando justicia, las autoridades avanzan a paso lento, apostando a la desmemoria.
El caso Las Malvinas no solo revela la brutalidad de ciertos sectores militares. También expone la falta de voluntad política de un gobierno que prometió no encubrir a nadie, pero que hoy permite que altos mandos señalados como cómplices sigan evadiendo la verdadera rendición de cuentas.