Por Fausto Giraldo
La designación de las principales autoridades de control del Estado estaba en manos del extinto Congreso Nacional, en el se desataban intestinas luchas políticas entre los partidos políticos para repartirse el control de la Fiscalía General, Contraloría, Procuraduría, Defensores del Pueblo y Publico, Corte Suprema de Justicia (así llamada ese entonces), Superintendencias de Bancos y Compañías y otras instituciones.
Con la nueva Constitución del 2008, se creó el quinto poder, al que se le denominó Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, a quien se le asignó como funciones:
a) La designación de las autoridades antes mencionadas y otras que se crearon como: el Consejo Nacional Electoral (elevado a poder del Estado), Consejo de la Judicatura, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Comunicaciones (extinto). Se cambió la denominación de la Corte Suprema de Justicia por Corte Nacional de Justicia. Se retiró la responsabilidad del órgano legislativo y paso a manos del nuevo poder, es decir, la pugna y el reparto pasó a manos de un grupo minúsculo de personas bajo transparencia, meritocracia, concursos y comisiones de selección.
b) Promover la participación ciudadana en la gestión pública a través de varios mecanismos como veedurías, silla vacía, observatorios, asambleas ciudadanas. Esto que muy poco se ha cumplido y por cuyo caso en las instituciones las autoridades hacen lo que esta a su “antojo”. Se institucionalizó un proceso participativo que surgió de la minga, la acción colectiva comunitaria e invadió un principio que solo el tejido social lo debía realizar por su propia autodecisión.
c) Promover el control social, es decir, como organismo junto con otras instancias de la ciudadanía realizar una contraloría social al ejercicio del poder en los diferentes niveles para denunciar e investigar la corrupción. Como se ha visto, la corrupción es hasta hoy uno de los males de la sociedad y la institucionalidad que no ha tenido control, pocos casos de judicialización y sanción.
El CPCCS ha sido un organismo central en la política ecuatoriana, desde su creación ha enfrentado diversas crisis que han puesto en duda su legitimidad y eficacia.
Principales causas de la crisis del CPCCS:
• Conflictos internos: Lucha por el poder entre sus miembros, divisiones ideológicas y disputas por la interpretación de las normas. Excepto el primero y segundo periodo de funcionamiento del organismo en el que los consejeros completaron su periodo en aparente calma y con tropiezos, a continuación una serie de disputas por el control de la presidencia y vicepresidencia, acusaciones de falta de probidad, corrupción y pertenencia política han sido las constantes, desde allí no se cuenta que todos los consejeros hayan concluido sus periodos quienes han sido destituidos de sus cargos mediante juicio político en la Asamblea Nacional, procesos de la Corte Constitucional o el Tribunal Contencioso Electoral.
• Intervención política: Presiones externas de partidos políticos y gobiernos para influir en las decisiones del Consejo. Es indudable que al haberse trasladado la disputa desde la Asamblea Nacional hasta el CPCCS pasó también el interés partidario de hacerse del control de este organismo. Se habla de la “Liga Azul” relacionada al correísmo que impulsó abiertamente la campaña en favor de la elección e consejeros cuando el Código de la Democracia es claro al prohibir la intervención de partidos políticos; también en su tiempo los Gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso intervinieron de forma solapada, el Partido Social Cristiano hizo lo suyo.
• Falta de transparencia: Dudas sobre la transparencia en los procesos de selección y designación de autoridades y manejo interno, pues existe un histórico en la aprobación de reglamentos que se diseñaban para beneficiar a unos y perjudicar a otros, interpretaciones antojadizas de la norma, conformación de comisiones e incumplimiento de requisitos. El ultimo caso sobre el Super intendente de Bancos en un reflejo de aquello, lo que les podría significar la destitución de cuatro consejeros de la denominada liga azul.
• Cuestionamientos a su legitimidad: Críticas sobre la forma en que fue conformado el Consejo y su representatividad ciudadana. Es obvio que este organismo lo que menos tiene es participación ciudadana, la elección política de sus consejeros, denuncias de adulteración de documentos requeridos, carné de discapacidad, entre otros.
• Implicaciones en la independencia de funciones: Decisiones del CPCCS que han afectado la independencia de otras instituciones del Estado, como la Función Judicial, la Contraloría o Fiscalía del Estado.
• Corrupción: Varios consejeros fueron identificados por supuestos actos de corrupción que habrían cometido previo al desempeño de sus funciones, han sido denunciados por uso indebido de recursos para viáticos u otras contrataciones.
Consecuencias de la crisis:
• Desgaste institucional: Pérdida de confianza de la ciudadanía en el sistema democrático y en las instituciones del Estado.
• Inestabilidad política: Constantes cambios en las autoridades designadas por el CPCCS generan incertidumbre y afectan la gobernabilidad.
• Debilitamiento del Estado de derecho: Intervenciones en la Función Judicial y en otros poderes del Estado socavan el principio de separación de poderes. Tampoco han sido capaces de designar a tiempo a las autoridades que en su tiempo culminaron sus periodos o que están próximas a hacerlo: Consejeros del CNE, vocales de la Judicatura, jueces del TCE, Fiscal General de la Nación, entre otras instituciones, demostrando con ello incapacidad en cumplir sus funciones.
La ciudadanía es mayoritariamente expectante frente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ni siquiera conoce a ciencia cierta cual es la incidencia en la vida política y de gestión del control y justicia, principalmente, siente que no es representada en sus decisiones, pues mira con descredito y desconfianza lo que allí sucede, aunque sea la entidad que ha sido capaz de otorgar poder a otros poderes, como la concentración del control político por el entonces presidente Rafael Correa y el cambio de la correlación de fuerzas con su desmontaje por parte de la época de Julio Cesar Trujillo que beneficio a los contrarios del correísmo. Hoy en día en cambio depende del día y quien durante ese momento tenga los votos al interior del CPCCS para hacerse de la designación de autoridades.
Los sectores políticos y el gobierno actual tienen a este organismo como un “caballo de batalla”, unos por dejar tal cual como está, otros proponen una reforma y los más radicales su desaparición. Pero cabe preguntarse si desaparece el CPCCS ¿Cuál será el organismo responsable de la designación de tan altas autoridades?, ¿que esta pugna pase nuevamente a la asamblea o crear un nuevo organismo?. En el caso de la contraloría social, debería la misma Contraloría General del Estado, valga la redundancia debería ser la responsable de promover dicha función para que la sociedad a través de su tejido social, con autonomía, se constituya en veedora de la gestión publica en los diferentes niveles de gobierno. Finalmente se debe devolver el ejercicio de la participación ciudadana al tejido social, que sean los comités barriales y de usuarios quienes cumplan dicha función, con autoridad para acceso a la información y documentación y cuyo registro se lo haga según el objeto de su constitución en los organismos nacionales que regulan y controlan la actividad de las instituciones.