El correísmo, junto con el movimiento Reto, ha presentado una acción de inconstitucionalidad en contra de la reciente resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que prohíbe el uso de celulares y dispositivos electrónicos durante el acto de votación en la segunda vuelta electoral. La demanda fue formalizada por Washington Andrade, abogado del movimiento, quien argumentó que la medida vulnera varios derechos constitucionales, especialmente el voto secreto y las sanciones económicas impuestas a quienes violen la normativa. Andrade destacó que la prohibición podría afectar la transparencia del proceso electoral, lo que representa un peligro significativo para la democracia. Según el abogado, el uso de celulares es esencial para garantizar la vigilancia ciudadana en el sufragio y evitar posibles irregularidades. La resolución, que fue emitida el 13 de marzo, estipula que los votantes no podrán utilizar celulares ni otros dispositivos electrónicos desde el momento en que entreguen su cédula hasta que reciban su documento de identidad de vuelta tras votar. Las sanciones para quienes incumplan esta normativa podrían ascender a multas de hasta 32.900 dólares, además de la posible pérdida de derechos políticos.Por su parte, la presidenta del CNE, Diana Atamaint, defendió la medida, asegurando que su objetivo es proteger el derecho al voto secreto y garantizar la seguridad de los votantes. Además, aclaró que los delegados de las organizaciones políticas sí podrán realizar su labor de control electoral, mientras que los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV) estarán impedidos de usar dispositivos electrónicos por razones de seguridad y concentración en su trabajo. La impugnación presentada por los opositores será resuelta el próximo martes 18 de marzo en el pleno del CNE.